Fotografía de Carmen Gloria Quintana Arancibia, quemada por un grupo de militares comandados por Pedro Fernández Dittborn, junto al fotógrafo Rodrigo Rojas de Negri, el 2 de julio de 1986 en la comuna de Estación Central. En el marco de las protestas sociales contra la dictadura desarrolladas los días anteriores, Quintana y Rojas son detenidos y acusados de participar en disturbios en la vía pública, siendo golpeados por militares y rociados con combustible. El crimen que terminó con la vida del fotógrafo y dejó con graves secuelas a Carmen Gloria, fue públicamente conocido como el "Caso Quemados".
En marzo del año 2019 el ministro Mario Carroza condenó a once miembros en retiro del Ejército por el caso, aplicando condenas de 10 años de presidio.

En el marco de la conmemoración de los 50 años del golpe de Estado, el Colegio Médico de Chile, en colaboración con su Departamento Nacional de Derechos Humanos, decidió explorar abordar las vulneraciones a los derechos humanos que afectaron a nédicos y médicas, también revisar el rol de la institución durante en el periodo desde el 11 de septiembre de 1973 hasta el 11 de marzo de 1990. El informe es el resultado de este proceso que incluye los respaldos documentales y testimoniales correspondientes.

El informe se basa en un estudio a largo plazo, iniciado en 2015, de las políticas de verdad y justicia en esta región. Además, incorpora elementos de la discusión y del intercambio de experiencias en el marco del taller “La investigación de los delitos de lesa humanidad en Sur América: Desafíos para el presente y futuro”, organizado por la Universidad de Oxford y la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad (PCCH) de Argentina, celebrado en Buenos Aires en mayo de 2018. El taller reunió a más de cien expertos, abogados, fiscales y activistas de derechos humanos de Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay. Este informe resume los principales retos y dificultades asociados con la investigación de los crímenes de lesa humanidad en Sudamérica. También identifica cinco prioridades a corto plazo que deberían guiar las investigaciones en un futuro cercano.

El informe tiene por finalidad aportar al debate nacional sobre la procedencia de medidas de reparación integral en beneficio de las personas que han padecido violaciones a sus derechos fundamentales en el contexto del estallido social. Esta organizado en tres partes, en la primera de ellas se explica, desde un punto de vista conceptual y teórico, en qué consiste el derecho humano a la reparación integral. La segunda parte hará referencia a las pocas medidas de reparación que se han implementado en Chile en beneficio de las víctimas del estallido social. La tercera parte tiene por objeto trazar una hoja de ruta precisando los elementos esenciales que debería tener en consideración una política pública de reparación integral en beneficio de las víctimas antes señaladas.

Documento de manifestación firmado por un grupo de chilenos/as exiliados tras la instauración de la dictadura cívico militar en 1973, en el cual interpelan a los ciudadanos sobre el destino de los más de 2500 detenidos desaparecidos por la Central Nacional de Informaciones (CNI), organismo de inteligencia del régimen, una de las responsables al igual que su antecesora, la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA), de las sistemáticas violaciones a los derechos humanos cometidas durante los 17 años de represión dictatorial. En el texto se detalla una larga lista de personas desaparecidas, entre ellas, Juan Miguel Mura, detenido el 16 de agosto de 1974 por agentes de la DINA en el centro de Santiago.

Informe que da cuenta de un conjunto de situaciones de violación a los derechos humanos ocurridas en el pasado y que aún están impunes. Además da cuenta de actos de tortura y violaciones a los derechos humanos ocurridos durante el mandato de Michelle Bachelet, y actos de represión contra el pueblo mapuche.