Carta pública de rechazo frente a los hechos violentos ocurridos el día 18 de Marzo, donde 18 personas fueron allanadas e implicadas en hechos relacionados al estallido social. Se denuncia el actuar de los medios de comunicación frente a difundir información falsa.

Carta abierta a los chilenos haciendo un llamado a solidarizar con las familias de personas detenidas desaparecidas por los organismos de seguridad por el regimen de Pinochet.

Carta abierta del MCTSA a la Opinión pública ante la coyuntura del plebiscito nacional del año 1988, conocido como el "Sí" y el "NO".
El MCTSA exige entre sus demandas juicios contra los culpables de los crímenes de lesa humanidad cometidos durante la dictadura cívico militar. Reparación moral y material a las víctimas del Terrorismo de Estado. Fin a la tortura, entre otras demandas necesarias para iniciar un proceso de transición democrática.

Carta firmada Víctor Gutiérrez, coordinador y Elsy Ordoñez, secretaria de relaciones, del COMAFAC enviada a Magdalena Navarrete a fin de mantener contacto e informar la situación de las violaciones a los derechos humanos en El Salvador.

Carta de Thomas E. McCarthy, secretario del Grupo de Trabajo Ad Hoc de la Comisión de Derechos Humanos las Naciones Unidas que visitó Chile el año 1978, en la que agradece a Magdalena la entrega de información presentada al Grupo.

Carta de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos (AFDD) a Pascualina Morales, madre de Juan Miguel Mura Morales, detenido y desaparecido el 16 de agosto de 1974 por agentes de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA). El documento enviado en diciembre de 1987 a Malmö, Suecia, ciudad de exilio de la familia Morales desde 1977, es un llamado a denunciar a la comunidad internacional la desaparición de Gonzalo Fuenzalida Navarrete, Julio Muñoz Otárola, José Peña Maltes, Alejandro Pinochet Arenas y Manuel Sepúlveda Sánchez, detenidos en septiembre de 1987, bajo la consigna ""Salvar sus vidas y encontrarlos."
La Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos, comienza sus labores formales bajo el alero del Comité Pro Paz en 1974, reuniendo a los/as familiares de las víctimas de desaparición forzada embestida por la dictadura cívico militar chilena. Durante los diecisiete años de terrorismo estatal y aún en la actualidad, han llevado adelante un ardua lucha por verdad y justicia frente a las sistemáticas violaciones a los derechos humanos, contando además con el apoyo internacional tras la realización de numerosas de denuncias y campañas de información realizadas en todo el mundo.
En esta oportunidad a raíz de la desaparición de los cinco jóvenes frentistas, la Agrupación busca visibilizar la continuidad de la desaparición forzada como práctica a finales de la dictadura y la necesidad de frenar este tipo de delitos, los cuales ""no solo involucra a la víctima y a su familia, sino al conjunto de la sociedad chilena.""
El 22 de marzo de 2017, la Corte Suprema condenó a 33 agentes de la Central Nacional de Informaciones (CNI), del Batallón de Inteligencia del Ejército (BIE) y del Comando de Aviación del Ejército por secuestro calificado de los cinco jóvenes, cuyos cuerpos fueron finalmente arrojados al mar en las costas de la región de Valparaíso. Las condenas fluctúan entre los tres y diez años de presidio en el Centro de Detención Preventiva y Cumplimiento Penitenciario Especial Punta Peuco, centro penitenciario donde se encuentran confinados con múltiples beneficios, algunos de los perpetradores de crímenes de lesa humanidad en Chile. "

Carta íntima de compañera de preso de la Revuelta performada en un registro audiovisual de denuncia.

Carta al Embajador contextualizando la situación de lxs presxs de la revuelta en Chile y pidiendo que transmita a las autoridades chilenas la preocupación de los conciudadanos franceses por lxs jóvenes presxs.

Carta dirigida a Michelle Bachelet, Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, por parte de la Agrupación Guacoldas planteando la sistemática violación de Derechos Humanos y la persecución política que sufren los prisioneros políticos de la Revuelta en el país desde el 18 de octubre del año 2019.