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El Decreto Supremo N° 355 de 25 de abril de 1990 creó la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación, cuyo objetivo fue contribuir al esclarecimiento global de la verdad sobre las más graves violaciones a los derechos humanos cometidas entre el 11 de septiembre de 1973 y el 11 de marzo de 1990, ya fuera en el país o en el extranjero, si estas últimas tuvieron relación con el Estado de Chile o con la vida política nacional.

Al cabo de nueve meses de intensa labor, el 8 de febrero de 1991 la Comisión entregó al ex Presidente de la República, Patricio Aylwin Azócar, el Informe de la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación. En él se establece la recepción de 3.550 denuncias, de las cuales se consideraron 2.296 como casos calificados.

La CECT es una organización social de defensa y promoción de los Derechos Humanos en Chile, creada en 2001 para superar la impunidad de los crímenes de tortura cometidos en dictadura y abolir su práctica en el presente.

El objetivo de la Comisión, planteado en su Acta Constitutiva, fue “… trabajar en nuestro país, como organismo no gubernamental, en forma pluralista, libre y autónoma, por la vigencia efectiva, respeto, protección y promoción de los derechos económicos, sociales, culturales, civiles y políticos consagrados en la carta internacional de derechos humanos, en los tratados, resoluciones y acuerdos complementarios de Naciones Unidas y demás organismos internacionales de los cuales Chile es miembro.”
A partir de 1990, la Comisión Chilena de Derechos Humanos debió acomodar sus actividades al nuevo contexto. Esta reestructuración fue necesaria no sólo porque ya no se vivía bajo una dictadura militar, sino porque con el retorno a la democracia la ayuda internacional fue decayendo, y porque muchos de los funcionarios y colaboradores debieron salir en busca de trabajo.
Bajo esas circunstancias, la Comisión Chilena de Derechos Humanos centró sus actividades en torno a los temas de Educación y Difusión –a través de publicaciones y de actividades de promoción- y reforzó los programas enfocados a la defensa y difusión de los derechos humanos de los grupos más vulnerados de nuestro país: las mujeres, los niños, los trabajadores, los indígenas, entre otros.

El Colectivo Internacional de Apadrinamiento de los presos de la revuelta social en Chile, es una organización de Derechos Humanos creada para apoyar a los presos y a sus familias. Nació en Febrero 2020 y reúne a madrinas y padrinos de Francia, Alemania, Suiza, Italia, Canadá y Chile. Su acción está basada en una red de solidaridad y de intercambio directo con las familias y con los jóvenes presos, interlocutores privilegiados y legítimos en el marco de la relación de padrinazgo con estos últimos. Las familias y jóvenes apadrinados por el Colectivo están repartidos a través de todo el territorio chileno, se encuentran en diferentes situaciones procesales y son acusados por el Estado chileno de diversos delitos.
Tiene como objetivo darle visibilidad y denunciar, a escala internacional, la situación de los presos, con la finalidad de obtener que las condiciones de reclusión respeten los Derechos Humanos y permitan de proteger su salud física y mental, además de estar presentes en todas las etapas públicas del procedimiento judicial, con el fin de asegurar la realización de juicios justos y que no haya vulneración en el proceso y acompañar, con todos los medios al alcance (morales, económicos, relacionales, etc.) la reinserción de los jóvenes detenidos y/o condenados a través de programas de ayuda individualizados (formación, cursos, inserción laboral, etc.).

Organización médica del país, que agrupa a más de 30 mil profesionales, con presencia en todo Chile, a través de su red de 20 Consejos Regionales, desde Arica a Punta Arenas.